El Poder Judicial de Bolivia ordenó seis meses de prisión preventiva contra el pastor peruano Marco Núñez del Arco, de la iglesia evangélica Dios con Nosotros, con sede en Santa Cruz, acusado de abuso sexual contra una menor en un caso que se remonta a 1999. Según los antecedentes judiciales, la presunta víctima tenía entonces 16 años, mientras que el imputado tenía 36.
La medida fue dictada tras una audiencia de medidas cautelares que se realizó en reserva y se extendió por más de siete horas. Durante la sesión, la defensa presentó diversos incidentes procesales y cuestionamientos a la solicitud fiscal, pero el magistrado determinó imponer la detención preventiva mientras continúan las investigaciones.
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El acto judicial se desarrolló en medio de oraciones y cánticos de seguidores del religioso, quienes permanecieron en los exteriores del tribunal. El abogado defensor, Víctor Cartagena, calificó la decisión como un precedente negativo en la forma en que se ha llevado el proceso y confirmó que se presentará un recurso de apelación contra la resolución.
Antecedentes del caso
La defensa sostuvo que en el proceso se habría aplicado de manera retroactiva la normativa destinada a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, vigente desde 2013, pese a que los hechos denunciados ocurrieron décadas antes. Según el letrado, el argumento judicial se sustenta en la existencia de una presunta violencia sistemática que habría comenzado hace más de 25 años.
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No obstante, durante la audiencia el juez precisó que la investigación debe desarrollarse conforme a las normas que estaban vigentes en el momento en que ocurrieron los hechos. La defensa indicó que aguardará el pronunciamiento de instancias superiores sobre la apelación presentada contra la medida restrictiva.
El caso examina la relación que el pastor habría con Vanessa Higazy cuando ella tenía 16 años, vínculo que —de acuerdo con la denunciante— se prolongó durante casi una década. La mujer sostiene además que la situación era conocida por familiares cercanos del acusado, lo que forma parte de los elementos que el Ministerio Público evalúa dentro de la investigación.
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Nuevas denuncias y postura del acusado
El religioso también enfrenta otra denuncia, esta vez presentada por su prima hermana, Esther Olivares, por un caso de características similares. Ese expediente fue inicialmente rechazado por la Fiscalía, pero posteriormente reabierto para nuevas diligencias, ampliando así el alcance de las pesquisas en su contra.
El imputado se presentó a declarar ante la Fiscalía de Santa Cruz, donde decidió acogerse a su derecho constitucional al silencio. Horas antes había anunciado públicamente que brindaría su versión a los medios, pero finalmente optó por no responder preguntas de los fiscales durante la diligencia.
En declaraciones previas, el acusado sostuvo que las denuncias responden a un supuesto resentimiento personal y afirmó que las acusaciones surgieron después de su reciente matrimonio con la exreina de belleza, Desirée Durán. Dichas manifestaciones fueron recogidas como parte de los antecedentes del caso, aunque no constituyen pruebas dentro del proceso judicial.
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Reacciones institucionales
La iglesia evangélica fundada por Núñez del Arco informó mediante un comunicado que decidió separarlo temporalmente de sus funciones pastorales mientras duren las investigaciones. La institución señaló que la medida se adoptó en cumplimiento de la ley y de los principios que rigen su organización.
Por su parte, la Red Alerta 348, que agrupa a organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, solicitó que este tipo de casos sean investigados con diligencia y exhaustividad. El colectivo también pidió evitar discursos que desacrediten o intimiden a quienes presentan denuncias de violencia sexual.
En la misma línea, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades recordó públicamente que el tiempo transcurrido no invalida una denuncia de abuso y que los delitos de violencia sexual no prescriben en el país. La entidad enfatizó que, independientemente de cuántos años hayan pasado, las víctimas pueden denunciar cuando lo consideren oportuno y que corresponde a la justicia responder conforme a la ley.
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